El Reino Unido, junto con la Unión Europea y los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, ha creado un régimen de sanciones dirigido a unos 40 países de todo el mundo.
Las sanciones económicas contra los estados son las más conocidas, pero también aplican a miles de personas cuyos activos han sido congelados o confiscados, sus viajes restringidos y su capacidad para hacer negocios limitada.
Normalmente, los nombres se añaden a las listas de sanciones de un gobierno sin previo aviso ni «debido proceso». En la práctica, las personas afectadas no pueden impugnar su inclusión, ya que ello exigiría costosas acciones legales en distintos países con una posibilidad incierta de éxito.
Cada vez hay más opiniones, reflejadas en el trabajo de organizaciones como la campaña Sanctions Kill, que afirman que estas «medidas coercitivas unilaterales» son ilegales según el derecho internacional si afectan al disfrute de los derechos humanos, como no pasar hambre o el acceso a la atención sanitaria, en los países afectados.
Ni el gobierno británico ni el estadounidense parecen disuadidos por ello ni por los efectos adversos de sus sanciones sobre los derechos humanos de las comunidades pobres.
Nicaragua en el punto de mira
Un ejemplo es Nicaragua, que inicialmente fue blanco de ataques durante el primer gobierno sandinista en la década de 1980 y, más recientemente, tras las protestas a nivel nacional que comenzaron en abril de 2018.
Esas protestas se convirtieron rápidamente en enfrentamientos abiertos y a menudo violentos entre grupos de manifestantes y grupos de partidarios del gobierno con la policía nacional.
El gobierno británico ha sancionado a 16 funcionarios públicos, desde la vicepresidenta Rosario Murillo a varios ministros o ex ministros, jueces y policías.
Un año después de ser sancionado por Washington, el pasado diciembre el Reino Unido sancionó al alcalde de la ciudad de Matagalpa, Sadrach Zelodón Rocha, uno de los alcaldes más conocidos del partido sandinista gobernante en el país.
Curiosamente, su vicealcaldesa, Yohaira Hernández Chirino, también fue incluida en la lista del Reino Unido, aunque nunca ha sido sancionada por Estados Unidos, Canadá o la UE.
Zelodón Rocha y Hernández Chirino son los únicos alcaldes o vicealcaldes nicaragüenses que figuran en la lista del Reino Unido. Las sanciones, que someten a ambos a «una congelación de activos y prohibición de viajar», se extienden también a sus familiares directos.
La libertad de información
Como uno de nosotros conoce a Zeledón Rocha y al resto de su familia directa desde hace más de 30 años, presentamos una solicitud formal de libertad de información al gobierno del Reino Unido pidiendo aclaraciones sobre las decisiones sancionadoras que le afectan tanto a él como a Hernández Chirino.
La respuesta tardó varios meses en llegar, y no llegó hasta el día en que el Comisario de Información del gobierno británico había amenazado con iniciar acciones legales contra el Ministerio de Asuntos Exteriores por su falta de respuesta.
La pregunta más importante, por supuesto, era sobre qué base se habían tomado las decisiones. El Ministerio de Asuntos Exteriores se negó a aportar pruebas concretas.
“El Ministerio de Asuntos Exteriores declinó facilitar pruebas concretas.”
Sólo indicaba: «Zeledón y Hernández fueron designados por su implicación en violaciones del derecho a la vida y del derecho a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, al promover e incitar graves violaciones de los derechos humanos contra manifestantes.»
Añadió: «Antes de que se impusieran las sanciones contra Zeledón y Hernández, se recopilaron pruebas de diversas fuentes abiertas, incluidos informes de la sociedad civil e informes de los medios de comunicación.»
En otro fragmento de la respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido aclaró que sus acciones se refieren únicamente a hechos ocurridos en 2018, casi cinco años antes de que Reino Unido impusiera sus sanciones.
Los tres meses de protestas en Nicaragua en 2018 afectaron a Matagalpa en menor medida que a otras ciudades. Sin embargo, además de marchas relativamente pacíficas, hubo un intento de asalto a la alcaldía y a la jefatura de policía, el saqueo e incendio del depósito municipal y ataques a viviendas por parte de varios grupos opositores.
Esos grupos también establecieron una barricada que controlaba todo el tráfico en la única carretera que conecta directamente la ciudad con la mitad pacífica del país, restringiendo el flujo de alimentos y otras mercancías hacia y desde la ciudad.
Informes sobre los derechos humanos
Investigamos los informes sobre los derechos humanos que pudo haber utilizado el Ministerio de Relaciones Exteriores, tratando de descubrir pruebas fehacientes de las dos clases de violaciones de derechos humanos que facultaron al gobierno británico para imponer sanciones.
Quizás el más detallado, y sin duda uno de los informes más citados internacionalmente, sea el del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. El GIEI fue creado por la Organización de Estados Americanos en mayo de 2018, con el acuerdo del gobierno nicaragüense, e informó el siguiente mes de diciembre.
De las 500 páginas de su informe, unas 12 están dedicadas a los hechos de mayo de 2018 en Matagalpa, que son el núcleo de las acusaciones contra Zeledón Rocha.
El informe del GIEI enumera tres muertes en Matagalpa en el período de tiempo relevante, dos de los cuales eran sandinistas y miembros del partido gobernante y ninguno de los cuales eran probables objetivos del alcalde o del vicealcalde.
El informe no intenta vincular directamente a Zeledón Rocha con ninguna de las tres muertes. Una petición posterior de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tampoco lo menciona.
Por lo tanto, parece que las pruebas del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre las «violaciones del derecho a la vida» de Zeledón Rocha son, en el mejor de los casos, endebles. Por eso, las sanciones en su contra no pueden deberse a la clase de violaciones de los derechos humanos del «derecho a la vida».
Es importante señalar que es típico de muchos informes de derechos humanos de este periodo que las muertes entre sandinistas, funcionarios del gobierno o policías, no se registren o se añadan erróneamente al recuento de muertes causadas por el gobierno. Por ejemplo, otros seis sandinistas o funcionarios del gobierno fueron asesinados en Matagalpa en 2018.
¿Existen pruebas?
¿Qué pasa entonces con las pruebas de las violaciones por parte de Zeledón Rocha del «derecho a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, promoviendo e incitando a graves violaciones de los derechos humanos contra manifestantes», la segunda clase de violaciones de los derechos humanos que pueden servir como motivo de sanción según la legislación británica?
La única prueba visual que lo vincula a cualquier violación es una única fotografía del informe del GIEI en la que supuestamente aparece con «grupos de choque» antes del 11 de mayo. Curiosamente, ninguna de las personas que aparecen en la foto está armada y ninguna lleva ningún tipo de equipo militar ni la cara cubierta.
En una foto adyacente en la que supuestamente aparecen los mismos «grupos de choque», una mujer lleva pantalones cortos y sandalias, un atuendo poco apropiado para una acción paramilitar. A continuación, el informe cita una entrevista en la que se acusa a Zeledón Rocha de «dirigir ese día [a los paramilitares]».
Eso aparentemente bastó como prueba, a pesar de las múltiples interrogantes que podrían plantearse. Por ejemplo, ¿por qué nombrar a Zeledón Rocha, cuando nunca fue militar y mucho menos ocupó ningún cargo de mando?
Durante la década de 1980, como ingeniero civil licenciado, ocupó cargos en los ministerios de Vivienda y Comercio, en la Cruz Roja Internacional y en la Comisión Electoral para las elecciones de 1990.
En 2001-2005 y desde 2008, Zeledón Rocha ha ejercido como alcalde de Matagalpa, ganando elogios nacionales -incluso entre los medios de comunicación de la oposición- por el amplio desarrollo de la infraestructura de vivienda, salud, transporte, educación y recreación de la ciudad.
Sus aptitudes administrativas, técnicas y de gestión parecen manifiestamente inadecuadas para dirigir a los paramilitares, sobre todo teniendo en cuenta la plétora de otros sandinistas con amplia experiencia militar adquirida durante la guerra de la Contra de los años ochenta.
RELATED
Los heridos
El informe del GIEI señala que 40 personas resultaron heridas durante los enfrentamientos del 15 de mayo entre manifestantes y contramanifestantes por un bloqueo que incomunicó a toda la ciudad con el Pacífico, privando a los matagalpinos de suministros y alimentos.
Aunque hay varias fotografías de manifestantes heridos, no se menciona el nombre de Zeledón Rocha. En cambio, se culpa de los heridos a la policía nacional, que supuestamente disparó con armamento de grado militar.
En cuanto a Hernández Chirino, no aparece en absoluto en el informe del GIEI, ni en ningún otro que hayamos podido encontrar. Por lo tanto, su aparición en la lista de sanciones es desconcertante y parece ser un caso de culpabilidad por asociación.
Desde luego, no parece estar directamente implicada en ninguna violación de los derechos humanos y, al parecer, se mostró sorprendida, si no desconcertada, por su inclusión en la lista de sanciones.
El caso por «promover y apoyar graves violaciones de los derechos humanos» contra Hernández Chirino, al menos según el informe del GIEI, es literalmente inexistente, y el caso contra Zeledón Rocha roza la inexistencia.
Por tanto, no es posible que la justificación declarada de las sanciones sea la verdadera .
La importancia simbólica
Es difícil creer que los responsables de los gobiernos estadounidense o británico encargados de decidir a quién sancionar conozcan las sutilezas de la política nicaragüense a nivel municipal. La explicación más directa y probable de la inclusión de Zeledón Rocha y Hernández Chirino en la lista de sanciones es su importancia política simbólica.
Zeledón Rocha, en particular, es ampliamente conocido por sus logros, incluso en los medios de comunicación de la oposición, en el desarrollo de las infraestructuras de la región, por la competencia de su administración y por su voluntad de trabajar con todos los sectores de la sociedad nicaragüense, independientemente de su tendencia política.
Por ello se ha ganado cada vez más responsabilidades, lo que le convierte en un objetivo obvio para quienes pretenden desacreditar al Gobierno y sus políticas.
“La justificación declarada de las sanciones no puede ser la verdadera justificación de las mismas.”
También deberíamos preguntarnos por qué se utilizan las sanciones. Es un hecho ampliamente reconocido, incluso por grupos de reflexión conservadores como el Cato Institute, que son totalmente ineficaces.
Ni Zeledón Rocha ni Hernández Chirino tienen bienes o intereses en bienes en ninguno de los países que les han sancionado. Ninguno de ellos toma vacaciones ni viaja profesionalmente a ninguno de esos países.
Tanto el gobierno de Estados Unidos como el del Reino Unido podrían haber descubierto fácilmente que los efectos netos serían cercanos a cero, y ambos tenían los medios y el alcance para investigar todo lo que hemos tratado en este artículo antes de imponer sus sanciones.
No consideraron necesario ni importante hacerlo, lo que plantea la cuestión de qué pretendían conseguir exactamente o qué comportamiento pretendían cambiar al imponer las sanciones.
El teatro político
Dada la falta de pruebas convincentes, unida a la previsible ineficacia de las sanciones, la conclusión ineludible es que éstas no son más que una pieza de teatro político, para consumo interno de los países que las imponen.
Al parecer, tanto al gobierno de Estados Unidos como al del Reino Unido les gustaría ser vistos como promotores de «sociedades libres y abiertas en todo el mundo», en la jerga del ministro de Asuntos Exteriores británico. Las sanciones unilaterales son un medio aprobado para alcanzar ese fin.
Subyacente a todo esto, sin embargo, está la incómoda verdad de que esta postura política simbólica tiene efectos reales y materiales , quizás no directamente sobre los sancionados, pero sí sobre el clima general de ayuda internacional, préstamos y cooperación con un país pobre que aún intenta recuperarse de la violencia de 2018 y de los daños económicos de la pandemia de Covid-19.
«Esta postura política simbólica tiene efectos reales y materiales»
Las acciones contra individuos pueden ser ineficaces, pero las sanciones económicas más amplias no lo son. Nicaragua no se ha visto tan afectada en este sentido como sus vecinas Cuba o Venezuela, pero ha sufrido el bloqueo de préstamos del Banco Mundial, varias sanciones comerciales y sólo una mínima ayuda médica de los países occidentales durante la crisis de Covid.
Según el ministro de Finanzas y Vivienda de Nicaragua, los préstamos para el desarrollo han caído de un promedio de más de 800 millones de dólares antes de 2018 a menos de 300 millones de dólares desde entonces, principalmente debido a la influencia de Estados Unidos sobre la financiación de las instituciones internacionales o a su bloqueo.
Al igual que en los casos de Zelodón Rocha y Hernández Chirino, no existe ni el debido proceso ni ningún mecanismo de apelación accesible en el que Nicaragua pueda impugnar estas acciones más amplias de gobiernos extranjeros.
Erik Mar vivió varios años en Matagalpa (Nicaragua) y ahora reside en Estados Unidos. John Perry escribe desde Masaya, Nicaragua, donde reside desde hace 20 años.
